Los Angeles, California - Hoy, la procuradora general Kamala D. Harris y los procuradores generales de 13 Estados y District de Columbia presentaron un expediente amicus curiae (o amigo-de-la-corte) apoyando la solicitud de emergencia del gobierno de los EE.UU. para permitir que avancen las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente Barack-Obama, solicitando a la Corte que suspenda el mandamiento judicial presentado en el distrito del Sur de Texas para bloquear el nuevo programa de inmigración.

El expediente, firmado por 14 estados y el Districto de Columbia incluyendo California, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont presenta los grandes beneficios positivos para la economía, la seguridad pública, y los beneficios humanitarios de las acciones de inmigración del Presidente Obama.

“El Presidente Obama ha propuesto acciones con sentido común que van a ayudar a arreglar nuestro dañado sistema de inmigración y a mejorar la economía y la seguridad pública de California. Con más de un millón de trabajadores californianos elegibles para la acción diferida, nuestro Estado tiene un papel muy importante en la exitosa implementación de las acciones de inmigración del Presidente Obama,” dijo la procuradora general Harris. “Me uno totalmente a mis colegas en la petición al Fifth Circuit de emitir una suspensión para que las familias de California puedan empezar a salir de las sombras y disfrutar del Sueño Americano inmediatamente.”

Las acciones de inmigración del Presidente Obama permitirán a aproximadamente cinco millones de personas, incluyendo 1.2 millones de californianos, solicitar autorización de trabajo y protección contra la deportación. Las personas elegibles tendrán que enviar información biométrica, pasar controles de seguridad nacional y criminal, pagar impuestos, y cumplir con los requerimientos específicos para el programa de acción diferida, incluyendo que hayan sido residentes en los EE.UU. por al menos cinco años.

El expediente pide a la Corte de Apelaciones del Fifth Circuit que suspenda el mandamiento judicial emitido por la corte del distrito del Sur de Texas, argumentando que permitir el avance del programa de inmigración es de un gran interés público. Además, el expediente menciona que los EE.UU. van a prevalecer en los méritos de su apelación, y emitiendo un mandamiento judicial nacional, los estados como California se ven denegados de los beneficios de la acción diferida. Estos beneficios incluyen permitir que los inmigrantes salgan de las sombras, que trabajen, y que contribuyan a nuestra economía mejorando al mismo tiempo la seguridad pública, al enfocar los esfuerzos de los recursos de las fuerzas de la ley a combatir verdaderas amenazas a la seguridad, y aumentar la confianza entre las fuerzas de la ley locales y las comunidades de inmigrantes.

El expediente menciona específicamente que cuando los inmigrantes indocumentados pueden obtener trabajo legalmente, “su paga se incrementa, buscan trabajo que sea compatible con su nivel de habilidades, y mejoran sus habilidades para obtener mejores pagas, y todo esto beneficia a las economías de los estados al incrementar ingresos y ampliar la base de impuestos.” Además, el expediente presenta los sustanciales beneficios económicos para California en particular: “Se estima que las ganancias de los impuestos de California van a crecer $904 millones en los próximos cinco años, y se prevé que 1.214.000 personas sean elegibles para la acción de inmigración diferida.”

Si la corte no suspende el mandamiento judicial en la nación, el expediente pide un mandamiento judicial preliminar que abarque solo a Texas, ya que éste es el único estado que reclama que el programa de acción diferida le causa un daño directo.

Se incluye una copia del expediente con la versión electrónica de este artículo en oag.ca.gov/news.