Sacramento, California - El Fiscal General de California, Xavier Becerra, anunció hoy una demanda contra Curacao, una cadena de tiendas minoristas que se ubica entre los 50 minoristas más grandes de aparatos electrónicos y electrodomésticos de los Estados Unidos y que tiene nueve sucursales en el Sur de California. La empresa comercializa de manera activa sus productos a miembros de la comunidad latina (específicamente a personas de bajos ingresos, hispanohablantes e inmigrantes) que no tienen un historial de crédito y tienen una experiencia mínima con tarjetas de crédito y planes de pago en tiendas minoristas. En la demanda, que se produce tras una investigación conjunta con el Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor (DCBA) de Los Ángeles, el Fiscal General Becerra alega que Curacao lleva a cabo una gran cantidad de prácticas comerciales fraudulentas, injustas, e ilegales generalizadas.
"Curacao es una tienda minorista muy popular entre muchas familias latinas del Sur de California e incluso se promociona a sí misma como un poco de su país," afirmó el Fiscal General Becerra. "El Departamento de Justicia (DOJ) presentó este caso para probar que Curacao se aprovecha de manera deliberada y sistemática de estas familias y del dinero que ellas han ganado con mucho esfuerzo. Es vergonzoso, y más concretamente, es ilegal. Curacao tiene derecho a comercializar sus productos pero no a aprovecharse de sus clientes. Las familias de nuestro gran estado deben saber que tienen derechos como consumidores y que el DOJ tiene el personal y las herramientas para defenderlas."
La demanda del DOJ sostiene que Curacao se aprovecha de los clientes a través de:
- Anuncios engañosos
- Agregar artículos y servicios a los contratos de los consumidores sin su consentimiento
- No proporcionar contratos en español
- No dar explicacion de polizas de devolución
- No aceptar la devolución de productos, en varios casos productos defectuosos
- Vender garantías invalidas
- No informar a los consumidores acerca de los términos importantes de la garantía
- No cumplir con las garantías
- Acosar y amenazar a los consumidores que se retrasan en sus pagos
- Practicas illegales relacionadas a acciones tomadas en Contra de consumidores acusados en casos de reclamos menores
Desde que asumió, el Fiscal General Becerra ha anunciado un acuerdo entre múltiples estados por $120 millones con General Motors Company (GM) por alegaciones de que la empresa ocultaba problemas de seguridad relacionados con interruptores de encendido defectuosos en vehículos GM; ha acusado a joyeros de San Diego de prácticas financieras y de cobro de deudas ilegales dirigidas a familias de miembros activos de las fuerzas armadas; y ha presentado una demanda contra el Departamento de Educación de los EE. UU. por demorar ilegalmente las disposiciones críticas de la Regla del Empleo Retribuido, una protección de la era Obama que exige que las escuelas con fines de lucro preparen a los estudiantes para «empleos retribuidos en una ocupación reconocida».
